Corte Suprema 05.08.2003

Sentencia Corte Suprema

Santiago, cinco de agosto de dos mil tres.

Vistos:

En estos autos, Rol Nº 345-92, del Vigésimo Octavo Juzgado Civil de esta ciudad, caratulados Santibáñez Cruz, Edgardo con Griffin Castagnelo, Carlos y Compañía Minera Disputada de Las Condes, por sentencia pronunciada por la Sra. Juez titular de ese Juzgado, de diez de marzo de mil novecientos noventa y nueve, escrita a fojas 593 y siguientes, se acogió la excepción de cosa juzgada formulada por Carlos Griffin Castagneto y Línea Aérea Taxpa y Helinac Limitada; se rechazó la demanda intentada a fojas 1 del Tomo I, por Edgardo Santibáñez Cruz, Luis González Antúnez y Norma Días Soto por no concurrir en la especie el requisito de culpabilidad imputada a la Cía. Minera demandada. Asimismo, se desestimó la acción deducida a fs. 25 del Tomo II por Juan Ramón Muñoz Moreno, Carlos Griffin Castagnelo, por sí y en representación de Taxpa Helinac Ltda. contra de la empresa minera La Diputada de Las Condes, por encontrarse prescrita, declarando, además, que cada parta pagará sus costas.

En contra de este fallo los demandantes de cada uno de los libelos acumulados, se alzaron a través de sendos recursos y una de las salas de la Corte de Apelaciones de Santiago, por sentencia de diecisiete de abril de dos mil dos, que se lee a fojas 706, declaró inadmisible el interpuesto en lo principal de fojas 332, en lo referido a la demanda del tomo II; revocó la mencionada sentencia, en cuanto rechazó la indemnización por daño moral demandado en lo principal de fojas 1 del Tomo I, y en su lugar declaró que se la acoge, debiendo la demandad a Compañía Minera La Diputada de Las Condes Sociedad Anónima, pagar a los actores: señores Edgardo René Santibáñez Cruz y Luis González Antúnez, la suma de cincuenta millones a cada uno de ellos y a doña Norma del Carmen Díaz Soto la suma de cuarenta millones de pesos, más reajustes desde que el fallo se encuentre ejecutoriado e intereses corrientes para operaciones reajustables desde que la demandada se constituya en mora. Asimismo, revocó la condena en costas impuesta a los actores que sustentaron la demanda de fojas 25 del Tomo II, declarando en cambio que quedan relevados de satisfacerlas y confirmó el referido fallo en lo demás apelado.

En contra de la decisión anterior la demandada Compañía Minera La Disputada de Las Condes dedujo recurso de casación en la forma y en el fondo.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

I) En cuanto al recurso de casación en la forma:

Primero:Que el presente recurso se fundamenta en la causal del artículo 768 Nº 4 del Código de Procedimiento Civil, esto es, en haber sido dada la sentencia impugnada ultra petita, otorgando más de lo pedido o extendiéndose a puntos no sometidos a la decisión del Tribunal. Al efecto argumenta que, en este caso, los jueces han incurrido en el vicio reclamado desde que alteraron la causa de pedir, resolviendo una cuestión litigiosa diversa a la que dan cuenta los escritos fundamentales, situación que claramente importa extenderse a puntos no sometidos a la decisión del Tribunal.

Agrega que la modificación de hechos introducida en el escrito de apelación y que fuera acogida en los considerandos 17, 18, 19 y 20 del fallo atacado, ha transgredido notoriamente los límites de la controversia. En un proceso civil continúa- de corte dispositivo como el nuestro los jueces no son soberanos para traer a sus sentencias los elementos de hecho que mejor les parezcan, puesto que deben circunscribir su decisión a la causa de pedir de la acción deducida; en este caso se refería exclusivamente a responsabilidad por hecho propio, nunca por hechos de los dependientes de una empresa contratista de la demandada, tal como se observa en el punto sexto de la interlocutoria de prueba.

Expone que las partes nunca fueron emplazadas al juicio para discutir sobre la infracción al deber de cuidado de los dependientes o contratist as de la empresa Minera y, por ende, resolver sobre esa base dejó a su parte en la más absoluta indefensión que es justamente, lo que el presente recurso busca remediar.

Finalmente sostiene que el régimen de la apelación del Código de Procedimiento Civil, sólo tiene por objeto revisar los hechos y el derecho de la decisión de primer grado, la que a su vez debe ceñirse a la controversia fijada en los escritos de discusión de la causa. Nuestra apelación dice- no permite que se puedan introducir nuevas acciones ni que pueda cambiarse la causa de pedir, como ha ocurrido en el presente caso.

Segundo:Que, al respecto cabe precisar que a fs. 1 del Tomo I los actores señores Edgardo René Santibáñez y Luis González y doña Norma del Carmen Díaz-cónyuge del anterior-, en su calidad de afectados de los hechos ilícitos acaecidos el 26 de julio de 1991, protagonizados por el helicóptero Sikorsky matrícula CC-CMC, demandaron al dueño de ese vehículo, a la empresa que lo explotaba en su calidad de comodataria y a la Compañía Minera La Disputada de Las Condes S.A. la recurrente- para que conforme lo previsto en los artículos 2284 y 2314 y siguientes del Código Civil, se los condenara solidariamente a indemnizarlos como responsables de cuasidelito civil por las graves lesiones físicas y psicológicas y daños que sufrieron como consecuencia de haberse precipitado a tierra el helicóptero en el que viajaban como pasajeros los señores Santibáñez y González, luego de haber éste estrellado su aspa principal contra un cable de energía eléctrica de propiedad de dicha Compañía Minera, el que no había sido debidamente señalizado, unido ello, agregan, a una mala maniobra del piloto.

Específicamente, los actores fundamentan su acción en contra de la referida Compañía en la culpa o negligencia consistente en la omisión de señalizar para hacerlo visible- el cable de seguridad contra el que impactó la aeronave.

Tercero: Que el fallo impugnado, luego de analizar los diferentes elementos de convicción que obran en este pleito, infiere en sus motivaciones decimoquinta a decimoctava la responsabilidad cuasidelictual de la Compañía Minera recurrente, sobre la base, en síntesis, de los siguientes hechos que tiene por comprobados: a) es la propietaria de los cables de guardia y líneas de alta tensión en que se impactó el helicóptero, los cuales trasmiten energía eléctrica entre estaciones de esa empresa; b) los cables no estaban señalizados con balizas o de otra forma, lo que no los hacía visibles o perceptibles a simple vista; c) sabía que el terraplén próximo a esos cables, ubicado en La Ermita, era usado por sus contratistas como helipuerto; d) señaló a su contratista Ramón de La Fuente la posibilidad de usar el terraplén como helipuerto, quien se lo comunicó al piloto de la aeronave; y e) al despegar desde ese lugar el piloto no advirtió la presencia de los cables referidos contra los que se impactó, cayendo a tierra y provocando grave perjuicio a los pasajeros.

Con el mérito de estas conclusiones determina la existencia de un vínculo causal entre la conducta negligente que se reprocha a la Compañía Minera y los daños recibidos por los actores y procedió a acoger la demanda indemnizatoria a que ya se ha hecho referencia.

Cuarto: Que la empresa recurrente ataca de casación formal la sentencia de segundo grado argumentando que ella ha sido dada ultra petita, esto es, otorgando más de lo pedido por las partes, o extendiéndola a puntos no sometidos a la decisión del tribunal. Y cree advertir la existencia de dicha causal de nulidad porque, a su parecer, los actores cambiaron la causar de pedir de la acción. Indica al efecto que en la etapa de discusión aquellos fundaron su demanda en el hecho propio de la Compañía Minera que decía relación con la infracción del deber de balizar los cables de alta tensión; pero después extemporáneamente -al fundar su recurso de apelación- le añaden la circunstancia de que esos cables se encontraban próximos a un terraplén exigido por la Compañía Minera como zona de aterrizaje o de despegue de los helicópteros que operaban en el cumplimiento y ejecución de contratos celebrados con sus contratistas.

Quinto:Que conforme lo prescribe el inciso final del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, se entiende por causa de pedir el fundamento inmediato del derecho deducido en juicio.

En el transcurso de este pleito, contrariamente a lo aseverado por la recurrente, no se constata que la c ausa de pedir haya variado. En efecto, objetivamente no se ha alterado la fundamentación jurídica de la acción: los artículos 2284 y 2314 y siguientes del Código Civil; como tampoco su fundamento fáctico: esto es, la caída a tierra del helicóptero que transportaba como pasajeros a los actores señores Santibáñez y González, como consecuencia de haberse estrellado con un cable no balizado de propiedad de la recurrente; como asimismo la acreditación de los daños que aquellos sufrieron y la determinación de quien debe responder por los perjuicios ocasionados.

Estos motivos que se esgrimieron como basamento de la litis han sido resueltos en la sentencia y, por tanto, no se han excedido los límites de la controversia. En consecuencia, el fallo impugnado no adolece del vicio de ultra petita invocado, lo que lleva a desechar el recurso de nulidad formal impetrado.

Sexto:Que, adicionalmente, como se expresó, la parte recurrente infiere la existencia de una causa de pedir nueva, constitutiva de una acción diferente, por la circunstancia de que los actores, al fundamentar su recurso de apelación aducen que los cables sin señalizar, además, estaban próximos al terraplén que la Compañía Minera exigía como zona de aterrizaje o de despegue de los helicópteros que operaban en el cumplimiento y ejecución de contratos celebrados con sus contratistas.

A dicho respecto, cabe considerar que no corresponde asignársele la aludida calidad a un antecedente que mas bien parece consistir en un reforzamiento de las razones ya expuestas en la demanda y destinada a destacar aspectos que podrían hacer más notoria o manifiesta la responsabilidad que le asignan a la empresa demandada, argumento al que el tribunal de la instancia aparece prestándole atención y acogiéndolo. Es así, que el fallo de segunda instancia lo menciona también como fundamento de responsabilidad de la empresa minera, por infracción al deber de cuidado sobre sus dependientes, al concluir como reflexión de peso- que el conocimiento específico que aquellos tenían del sector los obligaba a abstenerse de recomendar a los contratistas el uso del terraplén como helipuerto ocasional, debido a los serios riesgos que entrañaba la presencia de una cantidad de cables de tendido eléctrico en el lugar, los cuales, como ya se ha dicho, carecían de seña lización.

II) En cuanto al recurso de casación en el fondo:

Séptimo:Que a través de este recurso de nulidad se denuncia, como primer error de derecho, la vulneración a las leyes reguladoras de la prueba. Se argumenta, en síntesis, que la sentencia atacada da valor a medios probatorios rendidos fuera del juicio, que para éste caso la ley no admite; y que la misma altera la carga de la prueba, sustituyendo la actividad de las partes fuera de las situaciones en que el ordenamiento procesal lo permite.

Explica que, en el caso de que se trata, los sentenciadores realizaron lo que en doctrina se conoce con el nombre de traslación de prueba, pues trajeron para su análisis y ponderación, elementos de convicción desde el juicio penal seguido en contra del piloto de la aeronave don Juan Ramón Muñoz Moreno, ante el Juzgado de Aviación a este proceso, lo que ha conducido a los jueces a un auténtico repudio de las probanzas rendidas en autos y a sentar, sin base alguna, hechos nuevos en la controversia. Esta situación, a juicio del recurrente, importa desconocer la garantía constitucional del debido proceso prevista en el artículo 19 Nº 3 de la Carta Fundamental, en relación con la regla contenida en el artículo 1698 del Código Civil, ya que sustituyeron la actividad probatoria de las partes en este proceso y dieron por probados hechos diferentes a los alegados. En este mismo orden de cosas, denuncia también, como infringido el artículo 160 del Código de Procedimiento Civil.

Concretamente sostiene que las infracciones jurídicas cometidas son las siguientes: a) para que valga la prueba de testigos como tal debe rendirse ante el mismo juez que conoce de la causa con competencia natural o delegada a través de exhorto y nulo valor tiene la rendida en otro proceso, salvo las excepciones legales, que no se dan en el caso de autos; b) lo mismo ocurre, en su concepto, con el informe pericial e inspección del tribunal, pues dichas diligencias tienen validez cuando se verifican dentro del juicio, nunca extrajudicialmente; c) las infracciones denunciadas al dar valor a las pruebas referidas, cobran más fuerza en virtud de lo que dispone el artículo 427 inciso 2º del Código de Procedimiento Civil al consagrar que igual presunción (de verdad) existirá a favor de los hechos declarados verdaderos en otro juicio entr e las mismas partes, es decir, la que se constata en una sentencia definitiva o en una interlocutoria firme.

Octavo:Que, en relación a la alteración de la carga de la prueba, expone que, tal como se refleja en los motivos 10º al 17º del fallo recurrido, los jueces del grado lisa y llanamente sentaron una nueva base de hechos para fallar la causa con una evidente infracción a las normas del onus probandi.

A juicio del recurrente, la actividad probatoria desplegada en el fallo que se revisa, infringe los límites naturales de la iniciativa probatoria del Tribunal. Manifiesta que se aportan hechos y pruebas al proceso más allá de lo que el principio dispositivo permite, afectando irremediablemente el derecho de su parte y que la correcta aplicación del artículo 1698 del Código Civil, hubiera llevado necesariamente a los jueces a considerar los hechos y las pruebas fijadas en primera instancia.

Noveno:Que, como segundo error de derecho, se reclama la conculcación del artículo 180 del Código de Procedimiento Civil, al atribuir la calidad de cosa juzgada a la sentencia criminal dictada en los autos Rol Nº 49-91, seguidos ante el Juzgado de Aviación, efecto que como reiteradamente lo ha resuelto este Tribunal de Casación, no puede hacerse extensivo a personas que no tomaron parte en la relación procesal por no haber sido legalmente emplazadas. Constituye agrega el recurrente- una premisa equivocada sostener que la sentencia penal absolutoria determinaría para esta causa una suerte de liberación de culpabilidad del piloto, ya que el artículo antes citado, en su recta aplicación, no lo impide de ninguna forma y se yerra en su aplicación al suponer que ciertas pruebas rendidas en aquella causa criminal, estarían amparadas por la cosa juzgada.

Décimo: Que, como tercera infracción de ley, plantea la errónea y falsa aplicación de los artículos 2314, 2320, 2322 y 2329 del Código Civil, argumentando que la responsabilidad imputada a la demandada se refiere a una omisión en que habría incurrido la misma Compañía Minera, infringiendo un deber de cuidado, es decir, los actores invocaron en perjuicio de la demandada una hipótesis de culpa infraccional. En relación a este punto, agrega que es un hecho establecido en autos, que el deber legal de balizar los cables en cuestión jam e1s existió para la Compañía demandada y, a mayor abundamiento, indica que el fallo atacado así lo declaró.

Plantea que los sentenciadores, al razonar como lo hicieron, caen en una evidente contravención formal al dejar de aplicar el artículo 2314 del Código Civil, en relación con los artículos 1, 54 y 82 de la Ley de Servicios Eléctricos y asimismo al omitir la aplicación del artículo 26 del Código Aeronáutico.

Finalmente, luego de analizar las normas sobre responsabilidad que cita, concluye que el fallo recurrido jamás estableció la culpa de ningún dependiente de la recurrente y, pese a ello se construye una figura de supuesta culpa por omisión al establecer que el proceder de las personas que actuaban por la demandada ha constituido la causa precisa, necesaria y directa de los daños..., conclusión equivocada, sobre todo si se considera que los antecedentes apuntaban a que en los hechos intervinieron dependientes de las empresas Ingetron Ltda. e Ingeniería y Construcciones Ancoa Ltda. las que prestaban servicios, respectivamente, como contratista y subcontratista de la Compañía Minera La Disputada de Las Condes.

Undécimo:Que se han establecido como hechos de la causa, los siguientes: a) el 26 de julio de 1991, los señores Luis González Antúnez, Edgardo Santibáñez Cruz, Ramón Eduardo de la Fuente Ceroni, Alejandro Araya Bertoni, René Cártes Valdés y René Sepúlveda Sepúlveda, abordaron en el aeródromo de Tobalaba el helicóptero modelo Sikorsky, matrícula CC-CMC, pilotado por Juan Ramón Muñoz Moreno; b) el helicóptero había sido contratado por la empresa Ancoa Ltda. para el traslado de su personal a la subestación ubicada en el Cerro el Toyo, con el fin de efectuar labores de mantención. Esta empresa había sido contratada por la empresa Ingetron Ltda., contratista de la Compañía Minera La Disputada de Las Condes, dueña de dicha subestación. c) la aeronave bajó en el sector de la Ermita próxima al Cerro El Toyo, desembarcando alrededor de las 7.30 horas a Ramón Eduardo de la Fuente Ceroni y a Alejandro Bertoni; d) al elevar el vuelo el aspa principal del helicóptero se enredó con un cable de seguridad instalado por la Compañía Minera La Disputada de Las Condes en l a torre de alta tensión que transportaba energía; e) el helicóptero cayó al suelo con su tripulación y pasajeros al interior de la Parcela Nº 1 cercana al camino G-21 del camino a Farellones; la aeronave resultó destruída, falleciendo Raúl Cartes Valdés y René Sepúlveda Sepúlveda y resultaron lesionados Luis González Antúnez, Eduardo Santibáñez Cruz, ambos trabajadores de la empresa Ancoa Ltda. y, además, el piloto del helicóptero Juan Muñoz Moreno; f) la demandante doña Norma Díaz Soto es la cónyuge de Luis González Antúnez y producto del matrimonio han tenido dos hijos; g) el proceso penal iniciado con ocasión del accidente sufrido por el helicóptero fue tramitado ante el Juzgado de Aviación de Santiago. Con fecha 16 de mayo de 1994 se dictó sentencia que absolvió al piloto Juan Ramón Muñoz Moreno de la acusación formulada en su contra de ser autor de cuasidelito de homicidio y de lesiones graves, por estimar que el piloto incurrió en error y no en imprudencia temeraria y que por ello no se configura el cuasidelito. Ese fallo fue confirmado el 7 de febrero de 1995 y se encuentra ejecutoriado; h) el terraplén donde aterrizó y despegó la aeronave no constituye un lugar apropiado y no estaba reglamentariamente autorizado como helipuerto por la autoridad competente, ni aún como lugar eventual y, por ende, ninguna obligación había sido impuesta a la demandada en tal sentido; i) el referido terraplén era usado como helipuerto por la demandada o personas que para ella realizan labores; j) el personal de dependencia de la demandada puso en conocimiento del contratista Ramón de La Fuente Ceroni que el aludido terraplén era usado como helipuerto eventual, circunstancia que éste le dio a conocer al piloto Juan Muñoz Moreno; k) los cables de guardia y líneas de alta tensión en que se impactó el helicóptero, eran de propiedad de la Compañía Minera la Disputada de Las Condes y transmiten energía eléctrica entre estaciones de la mencionada compañía y los mismos no se encontraban señalizados; l) la falta de señalización de los cables no los hacía visibles o perceptibles a simple vista, y m) la Compañía Minera no posee concesión definitiva o provisoria para las líneas de alta tensión que cruzan el camino público a Farellones, en las que se impactó el helicóptero el día 26 de junio de 1991;

Duodécimo: Que sobre la base de los antecedentes fácticos anotados, los sentenciadores concluyeron que se puede imputar negligencia a la demandada, pues no fue diligente en señalar las condiciones de mayor relevancia para operar helicópteros en el lugar, generando un riesgo extraordinario o anormal, el cual desconocía el piloto Juan Muñoz Moreno; faltando si se quiere a un deber específico de cuidado, en relación a la actividad o función propia, las personas que actuaban por la Compañía Minera La Disputada de Las Condes. La relación de causalidad se dio por acreditada en la especie, estableciendo los jueces del grado que de no haberse señalado el terraplén como helipuerto eventual o encontrarse señalizado por balizas los cables de alta tensión y de seguridad, estos pudieron haber sido vistos con facilidad por el piloto y, en tal situación, el hecho en que se sustenta la acción no se hubiera producido, con lo cual queda establecido el carácter determinante del actuar que se reprocha a la demandada y, de esta forma, la concurrencia de las exigencias de su responsabilidad extracontracual.

Decimotercero: Que la empresa minera recurrente menciona como primer error de derecho el quebrantamiento de las leyes reguladoras de la prueba, y lo sustenta en que la sentencia da valor a medios probatorios rendidos fuera del juicio, y que para este caso la misma ley no admite y se altera la carga de la prueba, sustituyendo la actividad de las partes fuera de los casos en que la ley lo permite.

Al efecto, realiza una crítica al fallo de segunda instancia porque, en su opinión, se trasladaron al presente juicio las probanzas producidas en la causa Rol Nº 49-91 del Juzgado de Aviación de Santiago, seguida en contra del piloto del helicóptero siniestrado, Juan Ramón Muñoz, y sobre dicha base denuncia concretamente como vulneradas las siguientes disposiciones legales: a) en relación a la testimonial: los artículos 356 y siguientes; 384 reglas 1a 6y 159 del Código de Procedimiento Civil. Razona que el fallo discurre sobre la base de testimonios prestados dentro de la causa en la que sus dichos se ponderan, en circunstancias de que rendid a en otro proceso carece de valor, situación que pudo, a su parecer, haberse subsanado trayendo a los testigos a deponer, como medida para mejor resolver; b) respecto del informe pericial e inspección del tribunal: los artículos 409 a 425 y 403 a 410 del cuerpo de leyes antes citado. Igualmente, expresa, dichas diligencias se efectuaron al margen del proceso en que se hacen valer; c) infracción al inciso 2del artículo 427 del mencionado Código, que presume como verdaderos los hechos declarados tales en otro juicio entre las mismas partes, aduciendo que en el juicio seguido en el Juzgado de Aviación no tuvieron la calidad de partes los actores ni la Compañía Minera Disputada de Las Condes.

El recurrente concluye que las infracciones que denuncia no se refieren a problemas de ponderación de pruebas o de apreciación comparativa de medios de prueba regulada en el artículo 428 del aludido Código, sino a una cuestión que excede dicho marco, al traer medios de convicción que se encuentran fuera del juicio, para restar valor a las probanzas rendidas por su parte y ajustada a la ley.

Decimocuarto: Que se hace necesario recordar que el recurso de casación de que se trata es de derecho estricto y tiene como finalidad la anulación de una sentencia pronunciada con infracción de ley, cuando esa infracción ha influido substancialmente en lo dispositivo de la sentencia.

Justifica el recurso de casación en el fondo el error de derecho. El propio recurrente trae a la memoria que no obstante pertenecer las leyes reguladoras de la prueba al orden procesal, su infracción permite excepcionalmente la casación de fondo cuando de conformidad con la jurisprudencia de este Tribunal Supremo- los sentenciadores invierten el onus probandi o carga de la prueba; rechazan las pruebas que la ley admite o aceptan las que la ley rechaza; desconocen el valor probatorio de las que se produjeron en el proceso cuando la ley le asigna uno determinado de carácter obligatorio o alteran la procedencia que la ley le diere.

Decimoquinto: Que corresponde observar primeramente que las disposiciones del Código de Procedimiento Civil que se consideran vulneradas o no tienen el carácter de reguladoras de la prueba o han sido aludidas sin precisión alguna. En efecto, no se indica determinadamente cual de los testimonios, pericia, inspección d el tribunal o presunción, habría sido ponderado en forma errónea. Ni tampoco la manera en que ello, de haber acaecido, habría influido en lo dispositivo de la sentencia. Esas circunstancias son motivo bastante para desestimar esta primera pretensión del recurrente.

En todo caso, este Tribunal Supremo reiteradamente ha determinado que es una facultad privativa de los jueces del fondo apreciar el mérito probatorio de la prueba testifical que rindan las partes en el pleito y cualquiera apreciación que hagan al respecto no puede generar una infracción a las leyes reguladoras de la prueba.

Por lo demás, vale la pena especificar que tampoco resulta ser cierta la afirmación contenida en la impugnación global efectuada por el recurrente, con el sustento de haberse efectuado una ilegal traslación a esta causa de pruebas que se rindieron o forman parte del proceso penal Nº 49-91, seguido ante el Juzgado de Aviación de Santiago. Sin lugar a dudas, dicha causa penal se encuentra estrechamente vinculada a este pleito, desde que en él se encuentra el desarrollo de la investigación que la autoridad jurisdiccional competente del orden penal realizó para determinar las responsabilidades de esa especie derivadas de la caída del helicóptero de autos y su trágico resultado con personas muertas y lesionadas de gravedad, entre ellas, dos de los actores.

Adicionalmente, aparece de diversas piezas de autos (v.gr.: a fs. 249 del Tomo I) que dicho proceso en original fue agregado al presente juicio hecho del que tomaron conocimiento las partes sin que lo hubiesen objetado- a más de habérselo tenido a la vista al dictarse fallo tanto en primera como en segunda instancia. En lo relativo a la naturaleza jurídica de aquél expediente y a su valor probatorio debe estarse a lo que indican los artículos 1699 y 1700 del Código Civil, en cuanto a que se trata de un instrumento público o auténtico que hace plena prueba respecto del hecho de haberse otorgado y su fecha, pero no en cuanto a la verdad de las declaraciones que en él hayan hecho los interesados.

No obstante, en lo que se relaciona con este último punto es menester advertir como consta de sus motivaciones 11121314 y 16que la decisión del pleito se encuentra sustentada en las probanzas rendidas propiamente en estos autos, y cuando se han utilizado elementos de convicción incluidos en el expediente penal agregado, se dice que ha sido porque los corroboran. Como ejemplo, en la consideración 11se expresa textualmente: que al igual que lo hizo el Juez de Aviación del mérito probatorio de las pruebas rendidas en esos autos, evaluadas individual y comparativamente con las de este proceso permiten tener por acreditado Esas son la razones por las que resulta improcedente restarle mérito probatorio a las diversas piezas que en él se contienen.

Decimosexto: Que como segundo error de derecho el recurrente menciona el quebrantamiento del artículo 180 del Código de Procedimiento Civil, basado en que la sentencia atacada, en su décima consideración, atribuyó mérito de cosa juzgada a la sentencia absolutoria dictada a favor del piloto del helicóptero, Juan Ramón Muñoz, en los autos Rol Nº 49-91 del Juzgado de Aviación.

A este respecto, el fallo de segundo grado en el considerando aludido concluye, en síntesis, que si bien en la producción del hecho dañoso han concurrido multiplicidad de causas que determinan responsabilidades individuales o conjuntas, y el Juzgado de Aviación -por sentencia confirmada por la Corte Marcial y que se encuentra firme- luego de estimar que el actuar del piloto fue erróneo y no temerario, terminó absolviéndolo de la acusación que se dedujo en su contra como autor de cuasidelito de homicidio y lesiones, no es posible ahora tomar en consideración pruebas o alegaciones incompatibles con lo allí resuelto o con los hechos que le sirven de necesario fundamento.

En cuanto a este punto, es menester considerar que el Ndel artículo 179 del Código de Procedimiento Civil previene, en lo que interesa, que producen cosa juzgada en materia civil las sentencias absolutorias dictadas en un proceso penal cuando se fundan en la no existencia del cuasidelito que ha sido materia del proceso.

El artículo 180 de dicho cuerpo de leyes dispone Siempre que la sentencia criminal produzca cosa juzgada en juicio civil, no será lícito en éste tomar en consideración pruebas o alegaciones incompatibles con lo resuelto en dicha sentencia o con los hechos que le sirvan de necesario fundamento.

Consecuencialmente, los sentenciadores no sólo no han incurrido a este respecto en error de derecho, sino que por el co ntrario le han dado correcta aplicación.

Decimoséptimo: Que como tercera infracción de derecho se denuncian la errónea y falsa aplicación de los artículos 2314, 2320, 2322 y 2329 del Código Civil. Expresa el recurrente que dichas normas hacen recaer la responsabilidad sobre el empresario cuando este incurre en culpa al elegir, vigilar, dirigir o controlar al empleado que directa o indirectamente ha provocado un daño a terceros, pues se parte de la base que el empresario, desde el momento que contrata un dependiente y lo tiene bajo sus órdenes, está obligado a vigilar su desempeño eficiente y seguro, para evitar un daño a terceros.

Agrega que la sentencia impugnada aplica erróneamente los artículos 2320, inciso cuarto, y 2322 porque debió haber antes establecido la existencia del vínculo de subordinación entre los agentes que supuestamente actuaron en forma culposa, y asimismo establecer la hipotética culpa de los últimos. Manifiesta que los sentenciadores aluden en el considerando 13a supuestos dependientes de la Compañía Minera La Disputada de Las Condes, sin señalar nombres, y en el considerando 15-en el que se establecen los hechos que configuran la responsabilidad de la empresa recurrente- se dice que Ramón de la Fuente Ceroni comunicó al piloto Juan Muñoz Moreno la posibilidad de usar el terraplén como helipuerto, señalando que el señor De la Fuente no era dependiente de la Compañía Minera, sino su contratista.

Decimoctavo: Que en el fallo recurrido se determina la responsabilidad civil extracontractual de la Compañía Minera La Disputada de Las Condes sobre la base de los hechos que los jueces del fondo tienen establecidos, y que se han detallado en la motivación undécima de este fallo. Y en consideración a esa fundamentación fáctica resultan, entonces, correctamente aplicados los artículos 2314, 2320, 2322 y 2329 del Código Civil, que se citan como vulnerados.

Decimonoveno: Que de lo precedentemente reseñado, se advierte que, en lo que respecta a este capítulo, el recurrente para liberarse de la obligación de indemnizar perjuicios que la sentencia le impone, intenta modificar los hechos que fueron asentados por los jueces del fondo en virtud de sus facultades privativas de ponderar el mérito probatorio de los diversos medios de convicción de autos. Es sabido que esos hechos son inamovibles para este Tribunal de Casación, por cuya razón procede concluir que el recurso de nulidad de fondo en este capítulo no puede prosperar y debe ser desechado.

Vigésimo: Que, consiguientemente, en virtud de las reflexiones que preceden el presente recurso de casación en el fondo, por carecer de fundamentos, será desestimado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo que disponen los artículos 764, 766, 767, 768, 770, 771, 782 y 783 del Código de Procedimiento Civil, se declara que se rechazan los recursos de casación en la forma y en el fondo deducidos a fs. 787 (ex fs.387) por la parte demandada Compañía Minera Disputada de Las Condes Ltda. en contra de la sentencia de segunda instancia de diecisiete de abril de dos mil dos, escrita a fs. 706 (ex fs. 366), con costa de los recursos.

Regístrese y devuélvanse.

Redacción del Ministro don José Benquis Camhi.

Rol Nº 2 578-02

Pronunciada por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señores Marcos Libedinsky T., José Benquis C., Orlando Alvarez H., Urbano Marín V. y Jorge Medina C. No firma el señor Medina por encontrarse con feriado legal. Santiago, 5 de agosto de 2003.